Un mal parido atacó al turista francés Laurent Schwebel en la Plaza San Martín, a plena luz del día y en medio de muchos peatones, para robarle su equipo fotográfico. Como éste se resistió, como es lógico que lo hiciera, el maldito criminal no dudó en asestarle un estiletazo en el pecho, apuntando al corazón, que lo mató en pocos minutos.
Después se fue caminando tranquilamente, con toda sangre fría, intentando pasar desapercibido. Había mucha gente alrededor de la escena pero, por supuesto, todos estaban desarmados. Felizmente algunos lo siguieron de lejos y cuando el criminal arrojó su arma, fue detenido por un civil joven y valiente, cerca de un policía que se paseaba tranquilamente junto a la Torre de los Ingleses que no tuvo más remedio que cumplir con su deber y detener al asesino. El canalla, evidentemente, se dirigía a su refugio en la “villa 31” que está a pocos pasos de allí y es un aguantadero conocido, como toda “villa miseria”, de los delincuentes que nos atormentan.
La tiranía de los políticos se ha ocupado desde hace muchos años, gobiernos militares incluidos, en desarmar a la gente de bien aumentando las penas para quienes intenten defenderse de la única manera posible, es decir, arma en mano. Al mismo tiempo han relajado notoriamente la prevención del delito por medio de la fuerza pública.
En 1974 el gobierno de Perón insertó el art. 189 bis del Código Penal (ley 20642, del 28.1.74) por el cual las penas por tenencia de armas "de guerra" (que puede ser cualquier arma que se le da la gana al gobierno de turno definir como tal) son de 3 a 10 años de prisión.
Esto equivale a una amenaza de aniquilamiento de la libertad de una gravedad tal que es como para disuadir a la gente honesta de intentar una defensa armada, o sea, es una autorización indirecta otorgada por el Estado a todos los asesinos del país para matar a quien quieran con la misma facilidad con que se degüella un pollo en el gallinero.
El asesinato de este turista, con el cual nos obliga la ley de la hospitalidad a ser especialmente cuidadosos de su seguridad, sin que hubiera habido ni un solo policía para defenderlo nada menos que en la céntrica plaza San Martín, a las 8 y media de la mañana, en medio de numerosos peatones, nos recuerda violentamente el estado de inseguridad en que ha caído el país.
Esta inseguridad se debe a
varios factores concurrentes:
1) Domina una tiranía demagógica que adula a la plebe desordenada y resentida (que no es lo mismo que decir “las clases más humildes”), a sus cabecillas y agitadores, y les da vía libre para hacer lo que se les dé la gana, dormir en la calle, andar medio desnudos, sucios, malolientes y hacer sus necesidades en lugares públicos, y todo eso no por necesidad sino por borrachera, estupefacción drogada, desaliño o simplemente por el gusto de chocar a la gente bien educada. Y hasta les paga por eso con sus “planes *trabajar*” (valga la ironía), para que no tengan necesidad de hacerlo y puedan dedicarse libremente a drogarse, robar, agredir y matar.
Esa plebe y sus agitadores imponen a la inmensa mayoría del país su prepotencia cortando calles, vías de tren y accesos o salidas de estaciones y fábricas, con el auxilio de la fuerza pública que, lejos de reprimir esas acciones que violan varios artículos del Código Penal, los protege y asegura que logren su objetivo de enloquecer a la ciudadanía honesta.
Para mejor servir a los delincuentes, el gobierno nacional y el de la ciudad, fomentan las “villas miseria”, conocidos “aguantaderos” de maleantes que tienen aterrorizados a los verdaderamente pobres que allí viven.
2) Libertad para consumir marihuana otorgada por sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sentencia en el "Caso Arriola" del 24/8/2009) con lo cual se abre la puerta para el consumo de cualquier droga. Como es sabido, el drogado puede cometer crímenes aberrantes sin el menor remordimiento de conciencia. El drogadicto es un criminal en potencia de alta peligrosidad.
3) Un gobierno compuesto por ex-terroristas cuyos integrantes se enriquecen descarada y delictivamente, dando un pésimo ejemplo a toda la población. Esa corrupción se extiende a la Policía y los agentes que quieran cumplir con su deber de prevenir el delito son disuadidos porque cada vez que reprimen a un delincuente, son castigados y hasta dados de baja. La Policía tiene orden permanente de no impedir los desórdenes que menciono en el punto (1) a los que se designa como "protesta social" con lo cual la Policía es puesta al servicio de notorios malvivientes y es obligada a desamparar a las personas honestas violentadas por esas agresiones. Esto crea en la Policía una especie de convivencia con la plebe y sus agitadores que termina por hacerla insensible al sufrimiento de las víctimas de esa caterva vil.
4) El desarme de la población honesta mediante leyes intimidatorias feroces, como el art. 189 bis ya mencionado, y toda una cháchara política y periodística que desprestigia la tenencia de armas con diversas mentiras como por ejemplo: "Si todos tienen armas aumentará la violencia", "esto será un *Far West*", "cuando a uno lo asaltan es peor tener un arma que no tenerla", etc.
No quiero alargar este artículo refutando cada una de esas paparruchadas. Lo dejo a la perspicacia, conocimiento de la Historia y de la actualidad de cada uno de los lectores. Sólo diré que los Estados de los EEUU que permiten el porte de armas son aquellos en los que hay menos delitos, lo mismo que en Israel donde los delitos comunes casi no existen.
Es evidente, además, que si los criminales supieran que una gran parte de la población civil está armada y sabe cómo usar las armas, dudarían mucho antes de cometer un asalto. Y es muy posible que el número de éstos disminuyera.
Además, es muy posible también, que se pueda ayudar eficazmente a las víctimas durante la comisión del delito y que se pueda detener a los criminales inmediatamente después de cometido el crimen.
Por ejemplo, el infortunado M.Schwebel podría haber sido salvado por alguno de los muchos peatones que había alrededor de él quienes, por estar desarmados, no pudieron hacer nada para salvarle la vida y tuvieron que limitarse, como dice la valiente Sra. María Costa Paz de Gowland, testigo del crimen de ayer, a "llorar de impotencia" (ver carta de lectores en "La Nación2 del 9/2/2012).
Un sistema legal de seguridad debería tener
en cuenta los siguientes recaudos mínimos:
I) Toda persona que lo desee -y se debería incentivar que lo deseen todas las personas de bien- podrá portar un arma siempre que cumpla con los siguientes requisitos: a) ser mayor de edad y físicamente hábil; b) estar psíquicamente sano; c) tener una educación suficiente para comprender las bases de lo que es una convivencia civilizada; d) no tener condenas penales y d) recibir instrucción sobre la manera, oportunidad y condiciones para el uso del arma. El tener una familia establecida hará especialmente recomendable el otorgamiento de la licencia para portar de arma.
II) Esas personas deberían concurrir al menos una vez cada tres meses a recibir instrucción de lo mismo y revalidar su autorización del uso del arma. Para facilitar la instrucción, las Fuerzas Armadas y la Policía deberán abrir centros ad hoc en cada Comisaría, cuartel, clubes de tiro y otros lugares que se habiliten al efecto. Los instructores, a su vez, deben ser cuidadosamente seleccionados y controlados por sus superiores para asegurarse que su enseñanza sea eficiente y conforme a las normas legales y de prudencia.
III) La persona que tenga porte de armas tendrá derecho a defenderse ella, a su familia, a sus vecinos y a cualquier otra persona que sufra una agresión criminal evidente en sus proximidades. Podrá efectuar arrestos ciudadanos, cosa que ya permite el art. 240 del Código Penal.
IV) En caso de verse obligado a actuar en defensa propia o de terceros y como consecuencia de ello, deba herir a un delincuente o aún darle muerte si no hubiera otra defensa, el sumario que se abrirá será tramitado sin prisión preventiva del responsable ni suspensión de la licencia. No se debe exponer a la persona a represalias. Si se debe secuestrar el arma para peritajes, se le proveerá otra. Se admitirán las presunciones como prueba a favor de la razonabilidad del uso del arma y será tarea del fiscal probar que hubo un exceso deliberado o alguna otra forma de delito.
V) La licencia se perderá en caso de que la persona haga un uso indebido del arma o si no concurriera a los entrenamientos trimestrales o si presentase irregularidades psíquicas o de conducta o si incurriese en algún delito o por cualquier otra causa que tornase evidente que la persona no es capaz de usar el arma en defensa propia o de terceros.
En base a este esquema podría proyectarse una ley de Defensa Civil contra la delincuencia. No hay otra forma de parar la ola de crímenes que nos ahoga. No sirve reforzar las leyes porque los delincuentes se ríen de ellas. No sirve mejorar los jueces, porque ellos castigan “ex post facto”, pero no salvan la vida de las víctimas. No sirve aumentar la Policía porque ya está corrupta y sólo aumentaríamos el número de los que no hacen nada para evitar el delito.
Sólo dejando a cada uno el derecho de armarse para velar por sí y por su prójimo podrá disminuirse la inseguridad. Al menos así habrá una cierta igualdad entre la gente honesta y los delincuentes que están armados hasta los dientes sin pedirle permiso a nadie. También es importante recordar que en Arabia son decapitadas en público aquellas personas condenadas a la pena capital por asesinato, violación, tráfico de drogas, brujería, sodomía o robo a mano armada, entre otros delitos. Para los ladrones de menor cuantía se impone el corte de una mano.
Beccar Varela
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